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La decisión de no encarcelar más a los inmigrantes se toma en Quebec y New Brunswick.
Los gobiernos de las provincias de Quebec y New Brunswick han notificado a la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (ASFC, por sus siglas en inglés) que dejarán de encarcelar a los inmigrantes que se encuentran detenidos en esas instalaciones debido a problemas administrativos relacionados con sus registros de inmigración.
Con esta elección, que ha sido respaldada por la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá, siete provincias canadienses han revocado sus respectivos contratos con la ASFC, en virtud de los cuales habían sido compensadas para albergar a ciudadanos extranjeros detenidos de conformidad con la Ley de Protección de Inmigración y Refugiados.
Es una noticia fantástica. No deberían estar allí, según Chantal Ianniciello, una abogada de inmigración en Montreal que frecuentemente representa a inmigrantes detenidos.
Según ella, los inmigrantes experimentan un estrés psicológico significativo cuando son encarcelados junto a delincuentes comunes y se les mantiene aislados del mundo exterior.
Si la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá cree que un inmigrante está huyendo o que representa una amenaza para la sociedad, puede ser detenido.
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La gran mayoría están detenidos por este último motivo, es decir, porque la Agencia piensa que no se presentarán en los trámites migratorios, como ser expulsados del país, según datos de la propia ASFC.
Dependiendo del resultado de su caso, la ASFC puede optar por enviarlos a uno de sus tres centros de detención de inmigrantes oa prisiones provinciales.
Numerosas organizaciones de derechos humanos y abogados de inmigración han condenado enérgicamente la práctica de mantener a los inmigrantes en prisión, calificándola de contraria al derecho internacional.
Aproximadamente 2000 de los aproximadamente 8000 inmigrantes detenidos por la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá fueron enviados a centros penitenciarios provinciales en promedio cada año entre 2015 y 2020.
Aunque el número de inmigrantes detenidos disminuyó a alrededor de 3.000 en el año fiscal 2021-2022, casi una cuarta parte permaneció encerrada en prisiones provinciales.
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