Quienes tendrán que responder por el homicidio de los funcionarios judiciales son alias Gabino, Pablo Beltrán, Antonio García y Ramiro Vargas.
De acuerdo con la fiscalía, los miembros de la cúpula del ELN son responsables del secuestro y crimen de los agentes del CTI Edilbrando Roa López y Jhon Alejandro Morales Patiño, en zona rural de Sonsón (Antioquia), ocurrido en 1998.
Dice el ente acusador que los jefes máximos de la guerrilla son responsables por la acciones criminales que ejecuten los frentes, cuadrillas, compañías y demás estructuras.
En este caso la Fiscalía llamó a juicio a las cabezas del ELN por tratarse de la ley 600, antiguo sistema acusatorio que le da facultades al ente acusador para tomar esta clase de decisión sin la necesidad que medie un juez de la república.
El crimen
Ese día hombres armados del frente Carlos Alirio Buitrago del ELN interceptaron el vehículo en el que se movilizaban los dos funcionarios y se los llevaron en contra de su voluntad. Horas después, las víctimas fueron encontradas muertas y sus cuerpos abandonados un sector conocido como alto San Miguel.
De acuerdo con múltiples testimonios recopilados en el proceso, la acción criminal fue planeada y ejecutada en cumplimiento de las órdenes generales impartidas por el Comando Central del ELN, así lo reafirmaron varios de los autores materiales de los hechos, quienes pertenecieron a la estructura Carlos Alirio Buitrago.