La Asociación de Concejos de las Ciudades Capitales le pidió al Gobierno Nacional evitar el cobro del IVA al 80% de los productos de la canasta familiar, previsto en la Ley de Financiamiento, pues, en su concepto, se trata de un impuesto que “afectará el consumo de los más pobres y los ingresos de las clases medias del país”. En este sentido, consideró que este es un momento inconveniente para dicha decisión, tanto contra el bienestar de los ciudadanos como por la lesividad para las economías agrícolas regionales que rodean a las ciudades capitales.
Los concejales asociados esgrimen el agravante de la incertidumbre de la capacidad del Estado para devolverles a cerca de 4,3 millones de los más pobres de Colombia los $51.300 mensuales de compensación que se han prometido. Esta inseguridad pondrá en riesgo la ingesta de alimentos de los ciudadanos de menores ingresos.
Los presidentes de los concejos de Medellín, Cartagena, Pereira, Bucaramanga y Manizales, quienes suscribieron el documento en rechazo al IVA en la canasta familiar, señalan que, si bien no están en contra del proyecto de ley de financiamiento en su integridad, advierten que, según los datos del DANE, es evidente el envejecimiento de la población, la disminución del número de niños y el aumento de la jefatura femenina del hogar. “Cualquier incremento brusco de los impuestos a estos ciudadanos que lograron alguna mejoría en sus ingresos y en su patrimonio, significaría la vuelta a la pobreza, la vulnerabilidad y, en algunos casos, la exclusión”, señalan los ediles.
Igualmente, aseguran que la clase media no está en capacidad de recibir un nuevo golpe tributario, como el producido por la Ley 1819 de 2016 o Reforma Tributaria Estructural del gobierno de Juan Manuel Santos.
La Asociación de Concejos de las Ciudades Capitales de Colombia recomendó “ejercer una presión fiscal progresiva a las personas jurídicas y naturales de mayores ingresos, que deben solidarizarse con un sistema económico profundamente inequitativo en el que ellas son las grandes ganadoras. Sólo será posible aumentar el recaudo en esta reforma con presión a las fortunas y dividendos de un puñado de compañías privilegiadas, sin afectar a las Minipymes”.
Igualmente, los concejales exigen que se acelere la deducibilidad del Impuesto de Industria y Comercio, que la DIAN cree una división de apoyo a la fiscalización del ICA con intercambio de información en línea y que se lleve a cabo un programa serio de fortalecimiento institucional de los organismos de control y fiscalización locales.
“Para enfrentar el desfinanciamiento estructural del presupuesto público del país debe haber aumento de ingresos pero, también, debe haber medidas drásticas de reducción de gastos”, señala el documento. Finalmente, le pide al Congreso responsabilidad en la búsqueda de salidas diferentes a endeudar más a Colombia para financiar faltantes, “porque ello lleva a la pérdida del grado de inversión, al aumento de la devaluación y al empeoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos”.