Estados Unidos acaba de certificar el desempeño de Colombia en materia de derechos humanos dando vía libre a la entrega de fondos para uso militar que anualmente dependen de esta decisión.

En una carta enviada al Congreso hace dos semanas, pero que hizo pública a finales de la semana pasada, Mary Elizabeth Taylor, subsecretaria de Asuntos Legislativos en el departamento de Estado, sostiene que el país cumplió con los criterios que se habían establecido como precondición para la entrega de hasta el 20 por ciento de los recursos militares que se aprobaron para el país en el período que va entre junio de 2018 y junio de 2019 (en total unos US$ 20 millones de dólares).

Bajos esos criterios, incluidos en las leyes de presupuesto que aprobó el Congreso en 2018 y 2019, el departamento de Estado debía verificar si Colombia había dado los pasos necesarios para combatir las violaciones a los DD. HH. en tres frentes específicos.

En primera instancia, determinar si tanto la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como la justicia ordinaria habían tomado las decisiones adecuadas para enjuiciar a los responsables de graves violaciones de Derechos Humanos de una manera consistente con las leyes internacionales, incluyendo las que rigen sobre “responsabilidad de mando”, y privándolos de la libertad.

Así mismo, si el gobierno había tomado las acciones necesarias para reducir los ataques contra defensores de derechos humanos, sindicalistas y periodistas y si se estaba castigando a los responsables.

En tercer lugar, si se estaba enjuiciando y removiendo de sus cargos a altos militares responsables por ordenar, cometer o encubrir caso de ejecuciones extrajudiciales que se conocen como falsos positivos.

En la carta, Taylor sostiene que el país cumplió en los tres frentes y proporciona razones para justificar su decisión.

Dice por ejemplo que hasta la fecha de cierre del reporte (finales de marzo de 2019), la JEP había dado muestras de “progresos” en su objetivo de procesar a aquellos bajo su jurisdicción. Y cita las actas de compromiso que presentaron más de 10.000 personas, entre miembros de las Farc y otros actores donde aceptan la jurisdicción de la JEP y se comprometen a decir la verdad, reparar a las víctimas y a la no repetición.

Así mismo habla de la apertura de “macro casos” para investigar a los máximos responsables de graves violaciones a los derechos humanos (los secuestros de las Farc y los falsos positivos entre otros), y los reportes y audiencias en los que han participado las partes interesadas.

En el punto sobre responsabilidad de mando, el Departamento de Estado dice que nuevos generales se han sometido a la JEP, entre ellos Mario Montoya y Henry William Torres Escalante, que según varias ONG estarían implicados en falsos positivos. Y menciona que las primeras audiencias que se iniciaron sobre el caso de Torres Escalante, “es un signo” de que la JEP piensa llegar al fondo de las acusaciones, incluyendo la responsabilidad de mando que tuvo sobre tropas bajo sus órdenes que cometieron ejecuciones extrajudiciales.

«La metodología que usa el gobierno colombiano para proclamar que existe una disminución en el asesinato de líderes sociales es errada»

Así mismo, sostiene que el caso que se le sigue a los líderes de las Farc por su rol en el secuestro de miles de colombianos sería otra prueba de que la JEP piensa tratar el tema su responsabilidad como jefes de guerrilleros que cometieron estos delitos.

Sobre el tema de la privación de la libertad de aquellos responsables, el informe al Congreso relata que la JEP aún no ha llegado a ese punto en el proceso pero que sus lineamientos si prevén penas alternativas y privación de libertad para los que cooperen y castigos más prolongados para los que no lo hagan.

También afirma que otras autoridades distintas a la JEP también progresaron en su tarea de enjuiciar casos de violaciones de derechos humanos no asociadas con el conflicto y trae a colación la sentencia de 30 años contra el ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez, por el asesinato del periodista Jaime Garzón.

En cuanto al asesinato de defensores de derechos humanos, líderes sociales, sindicalistas y periodistas, el departamento de Estado sostiene que el gobierno tomó pasos concretos para protegerlos y llevar ante la justicia a los responsables. El reporte dice, usando cifras de la ONU, que los asesinatos defensores de derechos humanos se redujeron un 9 por ciento en el 2018 comparado con el 2017 y menciona un trino del presidente Iván Duque de enero de este año en el que mandatario sostiene que los “incidentes” contra líderes sociales se redujeron un 21 por ciento entre agosto y diciembre de 2018 en comparación a ese mismo lapso en 2017.

La cifra usada por Duque ha sido criticada por ONG en Derechos Humanos, especialmente por la organización HRW, que la considera engañosa y ahora cuestionan al Departamento de Estado por replicarla.

“La metodología que usa el gobierno colombiano para proclamar que existe una disminución en el asesinato de líderes sociales es errada. Las autoridades comparan cifras finales del gobierno Santos con cifras preliminares del gobierno Duque e ignoran que existen decenas de casos recientes en proceso de verificación. Es lamentable que el Departamento de Estado este usando esta comparación errónea que no da cuenta del fenómeno real. El gobierno colombiano debería redoblar sus esfuerzos para reducir los asesinatos constantes de líderes sociales, en lugar de buscar formas creativas de maquillar la realidad”, le dijo a este diario José Miguel Vivanco, director para las Américas en esta organización.

Por otra parte, el informe de Taylor destaca también la firma e implementación del Pacto por la Vida que se firmó a finales del año pasado con la sociedad civil y otros programas que se han expandido para proteger a este grupo de personas.

Pero dice, eso sí, que la situación que enfrentan estos líderes y defensores en ciertas zonas del país continúa siendo delicada y que la tasa de asesinatos en áreas del país donde antes operaban las Farc se ha incrementado en un 30 por ciento desde el 2016.

Sobre el tercer punto, el informe del Departamento de Estado corrobora que si se está castigando a responsables de falsos positivos y que el gobierno Duque ha mostrado voluntad política para que siga ocurriendo.

El informe cita la supuesta orden emitida a comienzos de este año por la cúpula de las Fuerzas Armadas para que las tropas duplicaran sus golpes contra guerrilleros y otros grupos criminales. Esta historia, revelada por el diario ‘New York Times’ generó muchos cuestionamientos ante la posibilidad de que la directiva condujera a nuevos falsos positivos. Pero según el informe al Congreso, Duque derogó la orden y formó una decisión para llegar al fondo del asunto.

Resalta, nuevamente, los casos de los generales Montoya y Escalante y la decisión de la JEP de dar prioridad al capítulo de falsos positivos en el país como pruebas de cumplimiento en este punto.

También los casos del mayor Wilson Lizarazo, sentenciado en febrero a 38 años de cárcel por su rol en este tipo de ejecuciones extrajudiciales y el del mayor Daniel Fernando Estepa, condenado en 2018 por este mismo crimen.

Así mismo, la suspensión de 54 miembros de las fuerzas armadas por su posible rol en violaciones de derechos humanos en 2018 y 2019.

SERGIO GÓMEZ MASERI